El caso Laval a traído a todo el movimiento obrero de cabeza por el peligro que sobrevolaba de convertirse en una enfermedad que acabara con los ya maltrechos derechos laborales. Recomendamos leer el articulo que ya publicamos para una mejor comprensión de su importancia y entender así la dura batalla legal que se ha dado por todo el movimiento obrero organizado en la UE. Pincha aquí para recuperar el articulo
El CEDS establece que el gobierno sueco ha
incumplido la Carta Social Europea y debe modificar su legislación, que
previamente había ajustado a la sentencia Laval del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas que daba prevalencia a las libertades
económicas frente a la actividad de los sindicatos en relación a la
defensa de los derechos de los trabajadores desplazados.
Los sindicatos suecos LO y TCO, con el
apoyo de la CES, denunciaron en su momento ante el Comité Europeo de
Derechos Sociales (CEDS), cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de
los derechos consagrados en la Carta Social Europea, la modificación
legislativa llevada a cabo en Suecia con el objetivo de ajustarse a la
sentencia Laval del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (C
341/05 – Laval un Partneri).
Los sindicatos suecos centraron su denuncia en la vulneración que implicaba la reforma legislativa lleva a cabo por su gobierno, del artículo 6.2 de la Carta Social Europea relativo a la promoción de convenios colectivos y el 6.4 sobre el derecho a la acción sindical. Asimismo, acusaban al Estado sueco por la violación del derecho de igualdad de trato para los trabajadores desplazados en relación a la remuneración y otras condiciones de trabajo, recogidas en el artículo 19.4. a) y 19.4. b) de la Carta Social.
La Confederación Europea de Sindicatos siempre ha sido muy crítica con la sentencia del TJCE que establecía la prevalencia de las libertades económicas frente a la actividad de los sindicatos en relación a la defensa de los derechos de los trabajadores desplazados.
Ahora esta decisión del CEDS da la razón a los sindicatos y establece que el Gobierno sueco ha incumplido la Carta Social Europea en lo relativo a los artículos mencionados y le obliga a modificar su legislación convenientemente. Además, la decisión cuestiona y pone en evidencia la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no considerar adecuadamente los derechos sociales fundamentales.
Esta decisión tiene especial importancia ya que se produce en un momento de auge del debate sobre la propuesta de directiva relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. En este nuevo panorama, surgido a la luz de la decisión del CEDS, cabría esperar mayor consideración por los derechos sociales y así, garantizar a los sindicatos sus derechos de negociación colectiva en relación a los trabajadores desplazados y a éstos igualdad de trato respecto al salario y las condiciones de trabajo, lo que a su vez, favorecería la lucha contra el dumping social.
Los sindicatos suecos centraron su denuncia en la vulneración que implicaba la reforma legislativa lleva a cabo por su gobierno, del artículo 6.2 de la Carta Social Europea relativo a la promoción de convenios colectivos y el 6.4 sobre el derecho a la acción sindical. Asimismo, acusaban al Estado sueco por la violación del derecho de igualdad de trato para los trabajadores desplazados en relación a la remuneración y otras condiciones de trabajo, recogidas en el artículo 19.4. a) y 19.4. b) de la Carta Social.
La Confederación Europea de Sindicatos siempre ha sido muy crítica con la sentencia del TJCE que establecía la prevalencia de las libertades económicas frente a la actividad de los sindicatos en relación a la defensa de los derechos de los trabajadores desplazados.
Ahora esta decisión del CEDS da la razón a los sindicatos y establece que el Gobierno sueco ha incumplido la Carta Social Europea en lo relativo a los artículos mencionados y le obliga a modificar su legislación convenientemente. Además, la decisión cuestiona y pone en evidencia la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no considerar adecuadamente los derechos sociales fundamentales.
Esta decisión tiene especial importancia ya que se produce en un momento de auge del debate sobre la propuesta de directiva relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. En este nuevo panorama, surgido a la luz de la decisión del CEDS, cabría esperar mayor consideración por los derechos sociales y así, garantizar a los sindicatos sus derechos de negociación colectiva en relación a los trabajadores desplazados y a éstos igualdad de trato respecto al salario y las condiciones de trabajo, lo que a su vez, favorecería la lucha contra el dumping social.
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