No es suficiente, después de la reciente reforma laboral, el haber sustituido el derecho en el trabajo por el paternalismo empresarial, propio de dictaduras, que ahora, en esa misma hoja de ruta, el gobierno del PP abre la posibilidad de regular, es decir, de limitar, el derecho de huelga, accediendo así de manera gustosa a los deseos de los empresarios y banqueros o como les gusta llamarse ahora, “emprendedores y sector financiero”.El convencimiento de que las medidas que están adoptando traerán más desempleo, que producirá una sustitución de trabajadores más antiguos por otros, menos y con contratos, más flexibles y precarios y que esto se convertirá necesariamente en contestación social, hace necesario para que se mantenga la apariencia de normalidad, limitar el derecho de huelga.
La necesidad de mantenerse en el poder el tiempo suficiente para consolidar todo este proceso de reformas, que se inicia ahora y que es de largo recorrido, requiere una sociedad sin convulsiones, que no cuestione la acción del gobierno y que se someta a los intereses empresariales.
Un parlamento que representa en un 90% la doctrina del liberalismo económico, (PSOE, PP, CIU, PNV, CC) y que desde hace treinta años, alternándose en el poder, han desgajado toda la musculatura del Estado, hasta poner al mismo y a todos sus ciudadanos, al servicio de los intereses económicos, requiere en este estado de cosas limitar los derechos sociales, individuales y colectivos.
El derecho de huelga es un derecho fundamental, no porque lo diga la constitución en su Titulo I, sino porque lo dice el mínimo sentido común si se pretende tener unas mínimas estructuras democráticas de las que cada vez nos alejamos más.
No es el derecho de huelga el que tiene a este país con más de cinco millones de desempleados, quizá, la corrupción el fraude, la evasión de divisas y un sistema fiscal injusto tenga bastante más que ver.
Seguramente un tejido empresarial débil, con escasa capacidad de innovación, sin capacidad de generar tejido productivo y que como única salida ve, derivar su viabilidad no a la actividad propia de la empresa sino a los costes laborales y a que sea el estado el que trasforme los derechos sociales de los ciudadanos en negocios al servicio de intereses privados, tenga bastante más que ver con el actual estado de cosas que el derecho de huelga.
La reforma laboral que se aprobó el día 10, la reforma financiera que hace un proceso de concentración y liquida de facto las cajas de ahorro y toda intervención pública en el sistema financiero, la próxima reestructuración del sector público que anuncia al menos 45.000 despidos y la liquidación de más de 500 empresas públicas en un primer impacto, nos lleva sin remisión a un modelo que lejos de ser nuevo, es harto conocido, se desarrollo durante los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX y los libros de historia dan cuenta más que sobradas de sus consecuencias.
Equilibrar esta balanza es tarea urgente, los actuales procesos de contestación social son todavía movimientos sin dirección eficaz, que no pasan más allá de trasladar el descontento social a la calle, pero que hasta el momento carecen de eficacia, ya que las posiciones políticas que producen esa contestación social no sufren desgaste sino todo lo contrario.
Para ello es necesario el fortalecimiento del Partido Comunista, única fuerza social y política capaz de plantar cara y de equilibrar el actual estado de cosas. Con toda seguridad, si hubiera 100 diputados del partido comunista en el Congreso hoy sería bastante distinta la situación y las exigencias de los empresarios y sobre todo la carga de la responsabilidad de la crisis que ahora recae únicamente en las espaldas de los trabajadores.
ÁREA DEL MOVIMIENTO OBRERO DEL PCPV-PCE DE ALICANTE
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