Todos los acontecimientos en Grecia se han visto eclipsados por la
gravedad de la crisis financiera y económica del país, que ha provocado
una fuerte caída en el nivel de vida. Los sindicatos también han sentido
el impacto de las reformas exigidas, a cambio de asistencia, por la UE y
el FMI.
En el contexto de la crisis económica, el Gobierno ha adoptado medidas
que limitan aún más el derecho a la negociación colectiva: en 2010, el
principio del trato más favorable para el trabajador fue suprimido y se
adoptaron disposiciones que permiten la intervención directa del Estado
en el sistema de libre negociación colectiva y en el marco de las
relaciones laborales. En 2011 se adoptaron otras disposiciones que
eximen a los empleadores, a nivel de empresa, de la aplicación de
convenios colectivos sectoriales, anulando así la naturaleza vinculante
de dichos convenios. Además existen otras medidas que otorgan a una
asociación de personas la posibilidad de establecer convenios colectivos
a nivel de empresa cuando no pueden formarse sindicatos debido al
requisito mínimo exigido para su establecimiento (20 miembros). Lo más
probable es que esta medida socave seriamente la situación de los
sindicatos en tanto que representantes de los trabajadores y
trabajadoras en el proceso de negociación colectiva. En el marco actual,
el hecho que estas asociaciones de personas sólo puedan constituirse en
empresas que carezcan de sindicatos no ofrece ninguna garantía respecto
a la capacidad de los trabajadores/as para elegir a sus representantes,
dado que la ley no permite crear sindicatos en empresas con menos de 20
empleados.
La Confederación General del Trabajo de Grecia (GSEE) considera que
las condiciones establecidas en los Memorandos de la Troika se han
centrado en suprimir el sistema de establecimiento de normas mínimas a
través de convenios colectivos, un sistema que ayudó a Grecia durante
más de 20 años manteniendo la estabilidad social y favoreciendo el
desarrollo. Por otra parte, las recientes intervenciones significativas
en el sistema de negociación colectiva tenían por objetivo reducir los
salarios en el sector privado y básicamente reemplazar la negociación
colectiva, no simplemente por acuerdos a nivel de empresa sino por
contratos individuales.
El Gobierno y la Troika han mantenido discusiones para intentar
eliminar efectivamente la extensión de los convenios colectivos
sectoriales, a pesar del apoyo expresado a su favor por los sindicatos y
las organizaciones de empleadores. La introducción de convenios
colectivos especiales a nivel de empresa, mediante la Ley No. 3899/2010,
fue un primer paso encaminado al debilitamiento de los acuerdos
sectoriales de tal manera que se pudieran reducir los salarios sin
proporcionar garantías a los trabajadores/as.
Según la GSEE, la intención del Gobierno y de la Troika de excluir a
los sindicatos del proceso de negociación colectiva quedó reflejada en
la posibilidad de autorizar a “asociaciones de personas” atípicas, que
no son sindicatos, a adoptar convenios colectivos especiales a nivel de
empresa. El rol de los sindicatos en la conclusión de convenios
colectivos sobre las disposiciones de las horas de trabajo ya se había
visto socavado, y se había facultado a una “asociación de personas” a
concluir este tipo de convenio. El Gobierno empezó a prepararse para
ampliar esta medida, autorizando la conclusión de convenios colectivos
de empresa sin la presencia de un sindicato, a fin de facilitar la
negociación de estos convenios en las empresas medianas, pequeñas y muy
pequeñas, que constituyen el 99% de las empresas griegas y que hasta
entonces habían estado cubiertas por convenios colectivos sectoriales.
La ley no permitía la creación de sindicatos en empresas con menos de 50
empleados, de ahí la intención de consentir que los convenios
colectivos sean negociados con “asociaciones de personas” informales,
creadas puntualmente, es decir con personas que el empleador invite
esencialmente para discutir, sin ninguna garantía de independencia.
Esta situación ha debilitado a los sindicatos griegos, y se ha visto
aún más agravada a raíz de los cambios aplicados al sistema de mediación
y arbitraje. La Misión de Alto Nivel de la OIT, que visitó Grecia en
septiembre de 2011, expresó profundas preocupaciones con relación a
estos cambios que van “en detrimento de la paz social y del conjunto de
la sociedad”.
Texto
del informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales de la OIT
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