No hace mucho poníamos en evidencia el monumental atasco que hay en el cobro de las indemnizaciones a cargo del FOGASA y que tiene a miles de trabajadores que han sido despedidos de sus empresas, sin cobrar las prestaciones correspondientes.
Para agilizar el pago, en vez de dotar de personal suficiente a este organismo, se externalizó la gestión de estos expedientes a la empresa TRAGSATEC, por un contrato de 3,5 millones de euros.
El caso es que ha sido peor el remedio que el problema ya que precisamente son estos expedientes los que más se están retrasando hasta el punto que hay unos 180.000 expedientes sin resolver, dándose la paradoja que hay trabajadores que solicitaron sus prestaciones hace 15 meses y aún no han cobrado (su expediente lo gestiona TRAGSATEC) y otros que lo han solicitado hace menos de seis meses ya han sido resueltos como consecuencia de la gestión directa del FOGASA.
Es fundamental insistir en el tipo de prestaciones de las que estamos hablando y que afectan a trabajadores en desempleo ya que la misión fundamental del FOGASA es el pago, a los trabajadores cuenta ajena, de parte de las percepciones salariales e indemnizaciones pendientes de pago, por declaración de insolvencia o concurso de acreedores, de las empresas que se los deben.
Durante el año 2013 y hasta el mes de noviembre, el FOGASA ha tramitado unos 138 858 expedientes correspondientes a 75 436 empresas y que afectan a unos 210.240 trabajadores por un montante de 1.237.767.353,65 de euros. En la Provincia de Alicante el importe de las prestaciones de este mismo periodo estaría en una cuantía de 57.802.565,41que afectaría a 8336 trabajadores y unas 2989 empresas.
Vista la importancia de las cifras y que las prestaciones pendientes de pago son casi como todas las abonadas hasta noviembre de 2013, desde el Movimiento Obrero del PCE-PCPV de Alicante, hacemos un llamamiento para su inmediata solución y que se resuelvan de manera urgente los expedientes más atrasados hasta su completa normalización de tal modo que se de cumplimiento a los limites y plazos temporales que marca la Ley en el pago de las prestaciones.
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