LOS DERECHOS SINDICALES EN EL MUNDO -8- FILIPINAS

Los líderes sindicales han seguido enfrentándose a acosos, arrestos y la pérdida de sus empleos, debido a que se presentan cargos penales falsos en su contra. Una de las tácticas más habituales utilizadas tanto por los empleadores como por el Gobierno es calificar a los líderes y miembros sindicales de terroristas. Ante un sistema legal que apenas ofrece asistencia o debido proceso, los sindicatos han persistido en sus esfuerzos.

En 2009, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT examinó las violaciones del Convenio núm. 87 registradas en Filipinas y “continúa preocupada por los alegatos sobre la persistencia de la violencia contra sindicalistas y urgió al Gobierno una vez más a que se asegure de que se adopten todas las medidas necesarias para restaurar un clima de libertad completa y seguridad frente a la violencia y la amenazas, y poner fin a la impunidad, de modo que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer plenamente sus derechos de libertad sindical.” En septiembre de 2009 la OIT llevó a cabo una misión de alto nivel, cuyos resultados dan a entender que el Gobierno ha sido cómplice de las violaciones. El resultado de la misión solicitaba a la cúpula del Gobierno que hiciera una declaración “ordenando a todos los actores gubernamentales que se esfuercen en especial por garantizar que sus acciones no infrinjan las libertades civiles básicas de los sindicalistas”.

En respuesta a los resultados de las misiones de la OIT, el Gobierno estableció el 20 de enero de 2010 el Consejo Nacional Tripartito de Paz Laboral (NTIPC), un organismo supervisor de alto nivel enfocado en la aplicación de las normas internacionales del trabajo. No obstante, el NTIPC ha sido tachado de inapropiado por carecer de la financiación necesaria y de un secretariado específico compuesto por personal cualificado. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo el Consejo no había empezado a examinar casos de asesinato, acoso, intimidación, tortura y desapariciones forzosas de sindicalistas que tuvieron lugar en 2010.

Aunque los derechos sindicales están garantizados formalmente por la Constitución, se ven limitados por numerosas disposiciones. Los ciudadanos extranjeros no pueden formar ni unirse a un sindicato a menos que exista un acuerdo recíproco entre los correspondientes países. Las condiciones para obtener el reconocimiento sindical son demasiado estrictas, y además es obligatorio suministrar los nombres de todos los miembros que el sindicato desee representar. Toda asistencia extranjera está también sujeta a la autorización previa del Ministro de Trabajo. Si bien el derecho a la negociación colectiva está asegurado, una serie de categorías de trabajadores tienen prohibido ejercer este derecho, entre ellos los guardias de los centros penitenciarios, los bomberos y los directivos. La negociación colectiva en el sector público también está limitada, dado que los empleados del Gobierno no tienen permitido negociar sobre lo que se considera apropiación de fondos.
Por otro lado, para poder convocar una huelga legal es necesario haber agotado primero todos los procedimientos de conciliación y haber presentado un aviso con 30 días de antelación en caso de que las negociaciones estén en punto muerto. Tanto el Presidente como el Ministro de Trabajo y Empleo tienen amplios poderes para poner fin a las huelgas en sectores que se consideren “indispensables para el interés nacional”, lo cual limita enormemente el derecho de huelga. Las huelgas están prohibidas en el sector público, y la ley prescribe fuertes sanciones por participar en una huelga ilegal: los líderes sindicales pueden ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel.
Los asesinatos siguen siendo método común  para impedir las organizaciones de los trabajadores y la afiliación de los trabajadores:
El 8 de marzo, Celito Baccay, de 31 años, miembro del Consejo Ejecutivo de MAGIKWO (Maeno-Giken Workers Organisation), fue asesinado a tiros en Langkaan Village, Dasmarinas, Cavite. Maeno Giken Inc. es una empresa japonesa que fabrica productos de acero, hierro y acero inoxidable en el polígono industrial First Cavite Industrial Estate, Dasmarias, Cavite. Baccay desempeñó un papel decisivo en la creación del sindicato en la empresa en 2009.
El 23 de marzo, Noriel Salazar, Presidente del sindicato de Cocochem, el United Coconut Chem. Inc. en Bauan, Batangas, fue asesinado a tiros en la ciudad de Alitagt ag por dos agresores no identificados.
El 12 de abril, Santos V. Manrique ‘Ricky’, de 49 años, Presidente de la cooperativa Boringot Small-scale Miners’ Cooperative y Presidente de la Federation of Miners’ Aggrupation in Pantukan (FedMAP) fue asesinado a tiros por un asaltante no identificado en su domicilio de Pantukan, en la provincia del Valle de Compostela. Ricky había participado activamente en la campaña contra el acceso de la minería a gran escala, como líder de dos grupos de mineros de pequeña escala, Presidente de la sección municipal de la alianza ecologista Panalipdan, así como concejal del pueblo. El 25 de enero FedMAP había presentado una petición contra la Nationwide Development Corporation (NADECOR) y la Russel Mining Corporation, que planeaban poner en marcha la explotación minera en Boringot.
El 9 de mayo, Elpidio ‘Jojo’ Malinao, de 49 años, fue asesinado a tiros por un desconocido en la ciudad de Bay, provincia de Laguna, Malinao. Era guarda forestal, Vicepresidente de la sección de la Organisation of Non-Academic Personnel of UP (ONAPUP) de la Universidad de Filipinas Los Baños (UPLB) y miembro del Consejo Nacional de ONAPUP en Laguna. Malinao fue asesinado después de asistir a la audiencia judicial del caso contra unos infractores de la ley de bosques en la Reserva Forestal de Makiling.

 Texto del informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales de la OIT