Por lo general los empleadores de
EE.UU. son extremadamente hostiles con los sindicatos, y dado que los
empleadores disponen de un amplio margen para oponerse a los intentos de
sindicalización y que las sanciones por represalias ilegales contra los simpatizantes
sindicales son más bien flojas, los trabajadores y trabajadoras se encuentran
con unos obstáculos enormes a la hora de intentar formar sindicatos.
El
porcentaje de trabajadores/as sindicalizados en el sector privado ha disminuido
por debajo del 7% y aunque actualmente el 37% de los trabajadores del sector
público están afiliados a un sindicato, la eliminación o reducción de los
derechos de negociación en el sector público es sin duda un tema prioritario en
la agenda de los republicanos conservadores, que controlan en estos momentos la
Cámara de Representantes de EE.UU. y la mayoría de los cargos de gobernadores y
de las legislaturas estatales.
Gracias a la libertad que se otorga a los empleadores, conforme a la ley
estadounidense, para hacer campaña contra la sindicalización, y a la fragilidad
de las protecciones contra la discriminación antisindical, en EE.UU. se ha
desarrollado un sector de actividad que mueve unos 4.000 millones USD, dedicado
a la represión antisindical. Está formado por consultores que asesoran a los
empleadores sobre tácticas – legales e ilegales – que pueden emplear durante
las campañas de sindicalización a fin de intimidar y disuadir a los
trabajadores de ejercer sus derechos legítimos de sindicalización. Un estudio
reciente concluye que estos consultores externos son contratados por
empleadores en más del 80% de todas las tentativas de sindicalización.
Tácticas antisindicales legales e ilegales extensamente utilizadas:
Diversos estudios han demostrado que en la vasta mayoría de las campañas de
sindicalización, generalmente por indicación de consultores externos, los
empleadores exigen a los trabajadores asistir a reuniones de “audiencia
cautiva” en grupo, así como a reuniones individuales con sus supervisores, para
escuchar propaganda antisindical – tácticas permitidas en la presente
legislación a pesar de su efecto intimidatorio sobre los trabajadores. Estas
tácticas se suelen combinar con represalias ilegales o amenazas de represalias
contra los simpatizantes sindicales. En base a estadísticas recopiladas por la
Junta Nacional de Relaciones Laborales, se estima que uno de cada cinco
activistas sindicales implicados en una campaña de sindicalización puede
anticipar que será despedido.
Aunque se requiere que los empleadores negocien de buena fe si la mayoría
de los trabajadores/as vota a favor de la representación sindical, muchos
empleadores utilizan tácticas de dilación, u otras técnicas, para eludir
alcanzar un acuerdo. Un estudio sobre elecciones sindicales llevado a cabo
entre 1999 y 2003 mostraba que más del 50% de las unidades recientemente
organizadas carecían de un acuerdo de negociación colectiva un año después de
la elección, y que un 37% seguían sin tener un convenio dos años después de la
elección. El fracaso a la hora de conseguir un primer convenio tiende a
fomentar una sensación de futilidad en cuanto a los beneficios de la
sindicalización así como desafecto hacia el sindicato, y puede hacer que los
trabajadores voten para que se retire la certificación del sindicato como su
representante de negociación – y los empleadores lo saben.
A lo largo de los años, en una serie de
casos presentados ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, se ha
encontrado que EE.UU. viola los principios de libertad sindical, – por ejemplo,
al permitir el uso de reemplazantes permanentes de huelguistas (1991), al
denegar a los trabajadores el derecho a reunirse con representantes sindicales
en el lugar de trabajo para hablar de sindicalización (1991), al imponer
restricciones a los boicots de solidaridad (1992), al denegar a los
trabajadores y trabajadoras indocumentados unos mecanismos de reparación
sustanciales en caso de represalias antisindicales (2003), al denegar los
derechos de negociación colectiva a los vigilantes de aeropuertos (2006), al
mantener unas legislaciones estatales que prohíben la negociación colectiva a
los empleados públicos (2007), al excluir a los supervisores de categoría
inferior de la protección de la Ley Nacional de Relaciones Laborales(2008) y al
someter a los delegados de los sindicatos del transporte al encarcelamiento, al
imponer al sindicato multas de más de 1 millón de USD, y sanciones financieras
a los trabajadores individuales por implicarse en una huelga en contravención
de una ley estatal que prohíbe las huelgas de los funcionarios públicos (2011).
Ninguna de estas violaciones ha sido rectificada.
(texto
del informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales de la OIT)
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