Pese a ciertos avances, persiste la violencia histórica contra el
movimiento sindical colombiano y continúan los homicidios,
desapariciones y amenazas. En 2011 fueron asesinados 29 sindicalistas.
Si bien se han hecho algunos esfuerzos para investigar los crímenes, los
resultados aún están lejos de responder a la mayoría de casos
denunciados por las organizaciones sindicales. Se evidencia una falta de
capacidad del Estado para proteger los derechos sindicales
El año 2011 comenzó con la visita de una misión de alto nivel de la OIT,
que evidenció las violaciones históricamente padecidas por el
sindicalismo colombiano y emitió una serie de recomendaciones incluyendo
fechas de cumplimiento y medidas de protección a las libertades
sindicales. A finales de año continúan pendientes muchas de estas
recomendaciones a pesar de haber pasado los límites de tiempo.
Los avances jurisprudenciales y legislativos han producido un ataque
por parte de empleadores inescrupulosos, para evitar la existencia de
organizaciones sindicales o su actuación. Sigue evidenciándose de manera
general la persistencia de una cultura antisindical y la carencia de
mecanismos efectivos de protección. Tanto inspectores como jueces tardan
años en la resolución de conflictos, lo que genera un efecto negativo
en la asociación sindical.
En 2011, se registraron 480 violaciones a la vida, libertad e
integridad de los sindicalistas en Colombia 35 homicidios, tres
desapariciones forzadas, 10 atentados, 342 amenazas, 43 hostigamientos,
34 desplazamientos forzados, 16 detenciones arbitrarias, dos hechos de
tortura y un secuestro son el saldo de una violencia que permanece y
continúa afectando las garantías de trabajadores y trabajadores para el
ejercicio de sus derechos y libertades sindicales. En 337 de estos casos
no se conocen los presuntos responsables. De los 143 restantes, 104
(72,7%) fueron perpetrados por grupos paramilitares, 34 casos (23,8%) a
organismos del Estado, tres (2,1%) a grupos guerrilleros, y un caso
(0,7%) respectivamente a delincuencia común y a un empleador.
Durante 2011 se produjo una sentencia importante para el
sindicalismo, referida al caso del asesinato, en septiembre de 2004, del
profesor Alfredo Correa de Andreis, dirigente de la Asociación Sindical
de Profesores Universitarios (ASPU). Aunque en anteriores fallos se
habían emitido condenas contra los autores materiales e intelectuales de
asesinatos, esta es la primera sentencia contra el Estado. Dicha
condena reconoce la persecución sistemática del sindicalista a través
del levantamiento de procesos judiciales y su posterior detención, por
medio de una alianza entre paramilitares y el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS).
Respecto a la violencia contra sindicalistas, entre el 1 de enero de
1986 y el 31 de diciembre de 2011 han sido asesinados en Colombia 2.914
sindicalistas, 2.643 hombres y 274 mujeres, el 26,4% de estos asesinatos
se ha cometido contra dirigentes sindicales, lo que supone un total de
772 dirigentes asesinados.
Del total de los datos sistematizados durante este período, se
encuentra que se cometieron, al menos, 11.942 violaciones a la vida,
libertad e integridad contra los y las sindicalistas en el país. Se
registraron además, 290 atentados contra la vida de trabajadoras y
trabajadores sindicalizados, y 222 desapariciones forzadas; se
presentaron al menos 5.397 amenazas de muerte contra sindicalistas y
1.776 desplazamientos forzados. Estas cifras ratifican la existencia de
una crisis de derechos humanos que no se corresponde con una violencia
difusa e indiscriminada. Se trata, por el contrario, de una intención de
exterminio, sostenido en el tiempo y materializado en miles de
víctimas.
Texto
del informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales de la OIT
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